¿Qué significa el final de la emergencia nacional por el COVID-19?

La Ley de Emergencia de Salud Pública (PHE, en inglés) por el COVID-19 finalizó el 11 de mayo. El presidente Biden permitió que la ley expirara según lo planificado por el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS, en inglés). Ahora que la ley de emergencia por el COVID-19 ha caducado, es posible que se esté preguntando de qué manera esto le afecta a usted.

Restructuración

Las declaraciones del final de la PHE por el COVID-19 cambian el modo en que el gobierno federal enfrenta al COVID-19. En lugar de clasificarlo como una pandemia, lo ha clasificado como una endemia (predominante o limitado a una región o localidad específica).

Servicios afectados

El final de la PHE por el COVID-19 cambiará el modo en que diversas agencias y compañías de seguros privadas proporcionen el acceso a los cuidados. Por ejemplo, el Departamento de Asuntos de Veteranos (VA, en inglés) está volviendo a su requisito de visitas a domicilio para determinar la elegibilidad para asistencia a cargo de cuidadores. El Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD, en inglés) dará por finalizado su programa de moratoria de hipotecas por el COVID-19 al final de mayo de 2023.

Exenciones de Medicare y Medicaid

Se instaló una combinación de exenciones de autoridades de emergencia, regulaciones y orientación subregulatoria para garantizar que los proveedores de cuidados de la salud tuvieran la flexibilidad necesaria para brindarles servicios a las personas. Las exenciones se integraron a los sistemas de cuidados y proveedores de pacientes y garantizaron que la atención y los pagos estuvieran protegidos y se ampliaran para abordar el aumento de la demanda causado por los síntomas de COVID-19.

Vacunas

A lo largo de toda la pandemia de COVID-19, el gobierno federal les proporcionó a las personas vacunas y refuerzos sin costo y sigue dedicado a proporcionar vacunas y refuerzos gratuitos como beneficio preventivo. Sin embargo, se desconoce cuánto durará este compromiso. El gobierno de Estados Unidos tiene reservas de vacunas y refuerzos que puede distribuir. A medida que las reservas disminuyan, es posible que el gobierno federal no las reponga. Si el gobierno federal decide no seguir pidiendo vacunas y refuerzos, las compañías de seguros privadas se convertirán en los proveedores de vacunas y refuerzos.

Quizá su compañía de seguros comience a cobrarle por las vacunas y los refuerzos. ¿Por qué? El gobierno federal pagó aproximadamente $20.69 por cada dosis. Las compañías de seguros privadas puede que paguen entre $110 y $130 cada dosis. Esas compañías pueden comenzar a cobrar un arancel de bolsillo a sus afiliados para ayudarles con el costo agregado.

De todos modos, incluso una vez que se agoten las reservas, las personas que están en ciertos programas de Medicare y en la mayoría de las compañías de seguros privadas posiblemente sigan pudiendo recibir vacunas y refuerzos sin ningún costo. Verifique con el proveedor de su seguro médico para ver si usted califica para vacunas y refuerzos sin costo. Los beneficiarios de Medicaid recibirán sus vacunas y refuerzos sin costo hasta el 30 de septiembre de 2024.

Tratamientos

Los antibióticos orales y otros medicamentos aprobados por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, en inglés) de Estados Unidos para tratar el COVID-19 que fueron comprados por el gobierno siguen siendo gratuitos incluso después de la finalización de la PHE el 11 de mayo de 2023. Al igual que las vacunas, una vez que el gobierno federal se quede sin sus reservas, las compañías de seguros individuales establecerán el precio de bolsillo para esos medicamentos.

Los programas de Medicaid mantendrán su cobertura de los tratamientos para las personas afiliadas hasta el 30 de septiembre de 2024. Una vez vencido ese plazo, la cobertura variará según el estado. Las personas con planes de Medicare que incluyen cobertura de medicamentos de venta con receta médica no verán ningún cambio; sus medicamentos para COVID-19 seguirán siendo sin costo.

Pruebas

Las compañías de seguros privadas ya no tienen obligación de cubrir pruebas para detección de COVID-19 en el hogar o en un laboratorio. Los aranceles para las pruebas dependerán de su proveedor de seguro y de su plan. Sin embargo, las pruebas pueden tratarse como los análisis de diagnóstico preventivos (azúcar o colesterol en sangre, etc.) porque esos análisis se consideran médicamente necesarios.

Los beneficiarios de Medicare deberán verificar con su plan si deben pagar por las pruebas en el hogar. Las pruebas en laboratorios indicadas por un doctor seguirán siendo gratuitas. Las personas que reciben Medicaid seguirán recibiendo pruebas sin costo hasta el 30 de septiembre de 2024. Una vez vencido el plazo, su estado puede determinar si quiere seguir proporcionando pruebas sin cargo.